Emigración, una esperanza casi siempre sin puerto

Durante trece días la sociedad española y la comunidad internacional  permanecieron expectantes sobre el rescate de Julen, un niño de dos años que cayó al fondo de un pozo de 110 metros de profundidad en Totalán, Málaga, sur de España. Tras doce días de esfuerzos mineros, los servicios de rescate hallaron el cuerpo sin vida del pequeño.

Al tiempo que este suceso captaba la atención general, en el mar Mediterráneo alrededor de 170 emigrantes africanos murieron atrapados en sus pequeñas barcazas.

El rescate

Se estima que España invirtió 1,5 millones de euros en el rescate de Julen; en el operativo que empezó el 13 de enero y culminó el día 25 se involucraron al menos 300 profesionales entre la Guardia Civil, ingenieros, bomberos, psicólogos, mineros, geólogos, topógrafos, enfermeros y médicos.

Adicionalmente, trece empresas privadas aportaron recursos en diversas fases del rescate y se contó con la colaboración de decenas de voluntarios, vecinos y amigos que suministraron alimentos y alojamiento a los profesionales.  

Todo esto pese a que, aunque nadie se atrevía a decirlo, todos sabían que era un hecho: el niño estaba muerto, pues el agujero por el que cayó tenía una profundidad de 110 metros; una caída libre a la que ni siquiera un adulto podría sobrevivir. Los informes forenses preliminares confirman que el niño pudo haber fallecido el primer día de su fatídica caída.

Paradoja 

El caso del niño fallecido en el fondo del pozo fue transmitido paso a paso por las cadenas de la televisión española durante los trece días del rescate. Un total de 200 periodistas de España, Italia, Portugal, Alemania, Brasil y Argentina se apersonaron del Cerro de la Corona, en Totalán, para dar total cobertura de los avances en el rescate.

Sin embargo, los terrores de la crisis humanitaria que suceden a diario en las aguas del Mediterráneo apenas se ganan una moderada reseña en las televisiones europeas.

Miles de hombres, mujeres y niños provenientes de Nigeria, Camerún, Guinea, Gambia, Malí, Costa de Marfil, Marruecos y Sudán huyen de una guerra despiadada que les ha traído pobreza y hambre. Huyen de grupos armados que, paradójicamente, usan armas que les fueron vendidas por los gobiernos europeos.

Las cifras sobre emigraciones del Instituto Nacional de Estadística de España establecen que los inmigrantes africanos en territorio ibérico sobrepasan las quinientas mil personas entre 2008 y 2017.  

Ayuda humanitaria

Actualmente dos barcos de ayuda humanitaria se encuentran bloqueados en aguas españolas, se trata del Aita Mari y el Open Arms. No se les ha otorgado el permiso para zarpar, una licencia por la que han aguardado desde diciembre del año pasado.

Las organizaciones no gubernamentales trabajan con uñas y dientes, y tienen cada vez más trabas por parte de las autoridades de distintos gobiernos europeos. Posiblemente porque mientras “haya menos testigos en el Mediterráneo de lo que ocurre, más fácil lo tendrán para hacer una política de represión”, como asegura Filippo Aquilino, enfermero y coordinador médico del Aita Mari al diario Noticias de Navarra. 

Casos similares ocurren en otros puntos del mar europeo, como el de los barcos alemanes de ayuda humanitaria que llevan a bordo decenas de emigrantes rescatados, quienes tuvieron que esperar hasta diecinueve días frente a Malta, mientras la Unión Europea se ponía de acuerdo para dejarlos desembarcar en sus puertos de destino.

                  Fotografía: Anthony Jean, SOS Mediterranee